¿Proyecto o memoria técnica? Los límites de 10 kW y 50 kW en un punto de recarga
Artículo técnico dirigido a instaladores, administradores de fincas y empresas que van a instalar puntos de recarga. Es la pregunta que decide si un presupuesto es viable o se cae: ¿esta instalación necesita proyecto firmado por técnico titulado, o basta con una memoria técnica de diseño? La diferencia son varios cientos de euros, semanas de plazo y, en algunos casos, la obligación de pasar por un organismo de control. La respuesta corta es que depende de dos cosas: la potencia y si la instalación es interior o exterior. La respuesta larga tiene bastantes matices, y son los matices los que generan discusiones en obra. La regla general El criterio que se aplica de forma consolidada en el sector es: Instalación en el exterior: por encima de 10 kW, proyecto. Hasta 10 kW, memoria técnica de diseño. Instalación en el interior: hasta 50 kW, memoria técnica de diseño. Por encima, proyecto. Modo 4 (recarga en corriente continua) en el interior: proyecto, con independencia de la potencia. De aquí sale una consecuencia práctica que sorprende a mucha gente: un mismo cargador de 22 kW necesita proyecto si va en la fachada de un chalet y no lo necesita si va dentro del garaje. La ubicación pesa tanto como la potencia. Qué cuenta como «interior» y qué no Este es el primer punto de fricción, porque la intuición engaña. Un espacio techado no es automáticamente un espacio interior. Un porche, una marquesina o un aparcamiento cubierto abierto por los lados siguen siendo exterior a efectos de esta clasificación. El criterio que se aplica es que el espacio esté cerrado, no solo cubierto. Un garaje con puerta es interior. Un porche con techo y tres lados abiertos, no. Si tienes una duda razonable, es exactamente el tipo de consulta que conviene hacer por escrito al servicio territorial de Industria antes de presupuestar, porque el criterio puede matizarse por comunidad autónoma. La ITC que casi nadie mira: la BT-04 Aquí está el matiz que más disgustos da. La discusión suele centrarse en la ITC-BT-52, que es la específica de recarga de vehículo eléctrico. Pero la instrucción que realmente obliga a proyecto por potencia instalada en determinados locales es la ITC-BT-04. Los dos escenarios donde esto salta: Locales industriales, talleres y concesionarios. En estos usos, superar determinados umbrales de potencia instalada —en el entorno de los 20 kW en industria— arrastra la exigencia de proyecto del conjunto de la instalación, no solo del punto de recarga. Cuando hay aumento de potencia contratada. Si para meter el cargador hay que ampliar la potencia del suministro, en muchos casos deja de ser una ampliación menor y se convierte en una modificación que obliga a revisar la instalación existente. Esto último es la trampa clásica: llegas a presupuestar un cargador de 22 kW en un taller, y acabas descubriendo que hay que actualizar bastante más que el punto de recarga. Un caso real repetido en el sector: 22 kW en un taller oficial con aumento de potencia, que terminó en proyecto completo más inspección de organismo de control. Hay además comunidades autónomas con criterio propio más estricto. En algunas, toda instalación que en origen se legalizó con proyecto exige proyecto para cualquier ampliación posterior, por pequeña que sea. Conviene comprobarlo antes de comprometer un precio. La limitación mecánica: cuándo vale y cuándo no Una práctica extendida para evitar el proyecto en exterior: instalar un cargador de más potencia pero limitarlo mecánicamente con un magnetotérmico. Con un magnetotérmico de 10 A, la instalación queda limitada a 6,9 kW y cae por debajo del umbral de los 10 kW. Es una solución aceptada por algunos organismos de control, y el razonamiento tiene su lógica: una limitación por software la puede cambiar cualquiera desde la app en treinta segundos, mientras que cambiar un magnetotérmico exige entrar en el cuadro y deja rastro. Con la limitación mecánica tienes una fotografía de tu instalación y una inspección favorable que la respalda. Dicho eso, no hay unanimidad. Hay técnicos que defienden que la limitación por software es igual de válida, y el criterio de aceptación varía entre organismos y entre comunidades. Si vas a apoyarte en esto, confírmalo antes con el organismo que te va a inspeccionar, y déjalo reflejado en la documentación. Qué implica cada opción en la práctica Memoria técnica de diseño Proyecto Quién lo firma La empresa instaladora autorizada Técnico titulado competente Visado No Según comunidad autónoma y tipo de instalación Inspección inicial por OCA Solo en casos tasados Habitual en los supuestos que la exigen Plazo típico Días Semanas Coste Bajo Significativo, y variable según provincia Ampliaciones: el segundo cargador Escenario frecuente: una instalación de un punto de recarga ya legalizada, y el cliente quiere añadir un segundo equipo en configuración maestro-esclavo. El consenso profesional es claro: la ampliación hay que legalizarla. No es un accesorio, es un aumento de la potencia instalada del circuito de recarga y cambia la documentación de la instalación. Lo que sí genera debate es si al añadir el segundo punto se pasa del esquema 2 (derivación individual de una vivienda) a otro esquema de la ITC-BT-52. La posición más defendida es que dos cargadores colgando de la misma derivación individual, con un cuadro de protecciones propio, siguen siendo esquema 2. Pero conviene resolverlo con el organismo que va a tramitar, no por analogía. Un detalle relacionado que sí es taxativo: dos suministros distintos (dos CUPS) no pueden compartir la misma canalización. Son dos instalaciones independientes y dos legalizaciones. Se admite una caja estanca de paso común, con un tubo por cada agujero, pero no un tubo compartido. El CIE en preinstalaciones Punto donde el criterio cambia de forma llamativa entre comunidades autónomas. La pregunta es si una preinstalación de garaje comunitario que consiste solo en la canalización —bandeja instalada, sin un solo cable— requiere certificado de instalación eléctrica. En algunas comunidades se tramita igualmente, indicando que se trata de una preinstalación y la potencia total prevista, porque es lo que exigían las convocatorias de
Por qué una instalación de cargador por 475 € casi nunca sale a cuenta
Buscas «instalar cargador coche eléctrico» y lo primero que aparece son plataformas con precio cerrado y un formulario de tres campos. Instalación hasta 10 metros, 475 €. Hasta 20 metros, 550 €. Hasta 30 metros, 675 €. Todo incluido: cableado, mano de obra y legalización. Es una propuesta atractiva y perfectamente legal. El problema no es el modelo de negocio: es que esos números solo cuadran si algo se recorta, y conviene saber qué antes de firmar. El desglose que circula, y por qué no cierra Cuando se les pide el detalle, el desglose típico de una instalación de 20 metros es más o menos este: 2 operarios × 3 horas × 40 €/h = 240 € Cable, tubo y pequeño material = 185 € Boletín / certificado de instalación = 150 € Total: 575 € Sobre el papel, ordenado. En la práctica, cualquiera que haya montado un punto de recarga en un garaje comunitario sabe que dos personas no hacen 20 metros de instalación en tres horas. Y ese cálculo, además, deja fuera: El desplazamiento. Ir, aparcar en una zona sin plaza, subir el material, volver. La visita previa, cuando la hay. Muchas plataformas van directas a obra sin verla antes, lo que provoca instalaciones que no se pueden ejecutar el día previsto. Los costes de estructura de una empresa real: furgoneta, herramienta, seguro de responsabilidad civil, vacaciones, formación, gestoría. La postventa. Si algo falla a los seis meses, alguien tiene que volver. Cuando un precio de venta al público está por debajo del coste real de ejecución, el margen tiene que salir de algún sitio. Estas son las cuatro partidas donde sale. 1. La sección del cable Es la primera candidata, porque el ahorro es inmediato y el defecto es invisible durante meses. Bajar de 16 mm² a 10 mm² en una tirada larga son decenas de euros por cada diez metros, y el cliente no lo va a notar el primer día. Lo notará después: caída de tensión por encima de lo admisible, cable trabajando caliente y un cargador que limita potencia. Lo desarrollamos en el artículo sobre qué sección de cable necesita tu instalación. Hay una variante todavía más incómoda: ajustar la sección al papel en vez de a la realidad. Si en la documentación figuran 25 metros en lugar de los 45 reales, el cálculo «sale» con 10 mm². El cable instalado sigue siendo insuficiente. 2. Las protecciones Un cuadro completo para un punto de recarga —magnetotérmico, diferencial de 30 mA de la clase adecuada, protector de sobretensiones permanentes y transitorias y, si procede, el dispositivo de rearme— cuesta dinero y ocupa 4 o 5 módulos. En tarifas muy ajustadas, aparecen atajos: reutilizar un diferencial existente, prescindir del protector de sobretensiones, o colgar el cargador de un circuito que no le corresponde. La consecuencia práctica no es dramática al principio. Es que un día salta el diferencial de toda la casa cada vez que se enchufa el coche, o que una sobretensión se lleva por delante la electrónica del cargador y la garantía no lo cubre. Puedes ver el detalle en qué protecciones necesita de verdad un cargador. 3. La legalización Toda instalación de recarga necesita su documentación: certificado de instalación eléctrica firmado por una empresa instaladora autorizada, memoria técnica de diseño cuando corresponde, y su registro en el organismo competente de la comunidad autónoma. Ese trámite lleva trabajo y responsabilidad. En una tarifa muy comprimida hay riesgo de que se resuelva de forma superficial. Y esto tiene dos consecuencias reales: Sin documentación en regla no puedes optar a ninguna ayuda pública que la exija. En un garaje comunitario, la comunidad debería tener el certificado. Si mañana hay un siniestro y la instalación no está documentada, el problema es de todos. 4. El tiempo Es el recorte más silencioso. Una instalación bien hecha implica grapar la manguera cada pocos palmos, respetar los trazados acordados, proteger el cable por debajo de 2,5 m de altura, sellar los pasos de forjado y dejar el conjunto limpio. Todo eso son horas. Cuando el precio no da para esas horas, aparecen los resultados que circulan por los grupos profesionales: mangueras sin grapar colgando por un patio de luces, cable de sección insuficiente metido en tubo demasiado estrecho, canalizaciones que atraviesan plazas ajenas sin permiso, o instalaciones que comparten bandeja con la línea general de alimentación del edificio, cosa que no debe hacerse. Y el problema que llega después: el marrón es tuyo Este es el punto que menos se explica. Cuando una plataforma subcontrata la instalación, aparecen tres actores: tú, la plataforma y el instalador. Mientras todo funciona, es indiferente. El día que hay una avería, no. El patrón que describen los propios instaladores es reconocible: la plataforma remite al instalador, el instalador dice que él solo ejecutó lo que le encargaron, y el cliente queda en medio. Si además la empresa que ejecutó era de otra provincia o ya no trabaja con esa plataforma, encontrar a alguien que asuma la avería de un equipo que no instaló es difícil —y quien acepte, lo presupuestará caro, con razón. Cuándo sí tiene sentido una tarifa cerrada Para ser justos: hay casos donde este modelo funciona bien. Instalaciones cortas y sencillas. Un unifamiliar con el cuadro a ocho metros del punto de montaje y hueco de sobra. Ahí una tarifa plana es razonable y difícilmente te van a recortar nada, porque no hace falta. Cuando la plataforma da visita técnica previa y ajusta el precio después de verla. Eso ya no es tarifa cerrada, es un presupuesto, y es otra conversación. Cuando el instalador asignado es local y te lo dicen antes. Si sabes quién va a ir y puedes buscar sus referencias, el riesgo baja mucho. Las cinco preguntas que lo aclaran todo ¿Qué sección de cable vais a instalar y con qué caída de tensión calculada? Una empresa seria responde con un número. Si te dicen «la que haga falta», insiste. ¿Qué protecciones incluye exactamente el precio? Pide